Resumen del 14 y 15 de septiembre

Antes de empezar, quiero hacer hincapié en que este resumen será el más denso de leer. No es el más extenso pero sí uno de los que más texto —sin tuits— contiene. Esto no se debe solo a que recoge lo más importante de los últimos dos días sino a que en el texto se incluyen síntesis de las dos audiencias abiertas celebradas en la sede de la OEA, en Washington.

Con esas dos audiencias comenzó un proceso que el bloque regional adelantará durante los próximos dos meses. Ese proceso busca determinar si la actuación del régimen de Nicolás Maduro puede calificarse como crímenes de lesa humanidad. Si esa calificación resulta positiva, altos jerarcas del gobierno pueden ser demandados —y condenados— ante la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya.

Lo revelado en esas dos audiencias es impresionante y uno se queda corto al definirlo así. Ambas sesiones duraron más de dos horas; por ello lo escrito en este resumen es apenas una muy apretada síntesis de los testimonios rendidos en Washington. Si el lector dispone de tiempo y entereza, es recomendable que vea íntegros los videos de esas audiencias. Los testimonios, en algunos casos, son espeluznantes y bien pueden dar una medida de lo que se escuchará en los dos meses que vienen.

Hay otras noticias en el presente resumen, desde luego, pero el foco central son las dos audiencias abiertas en la sede de la OEA, por lo allí revelado hasta ahora. Al menos, desde el punto de vista de quien redacta esto.

El lector conoce las advertencias. Las omito en vista de lo largo y denso que será este texto.

Detallitos

Foto OEA

1) El 14 de septiembre, a media mañana en la OEA, se llevó a cabo una sesión abierta para analizar si los abusos cometidos por funcionarios gubernamentales se pueden constituir en crímenes de lesa humanidad por los cuales el régimen sea enjuiciado en la Corte Penal Internacional.

Esa audiencia —la primera dentro de un proceso que puede durar hasta dos meses— estuvo conducida por Luis Moreno Ocampo, abogado argentino que fue fiscal de la Corte Penal Internacional. Durante la jornada, que duró algo más de dos horas, testificaron cuatro personas: Julio Henríquez, representante de la ONG Foro Penal Venezolano; Tamara Suju, directora ejecutiva del Centro de Estudios de América Latina; Francisco Márquez, director ejecutivo de Visión Democrática, y Johanna Aguirre, viuda de José Alejandro Márquez, asesinado en 2014.

Julio Henríquez | Foto OEA

El primero en hablar fue Julio Henríquez, quien empezó con un resumen del caso de la jueza María Lourdes Afiuni, encarcelada por haber ordenado la liberación del banquero Eligio Cedeño. Henríquez recordó que el propio presidente Hugo Chávez había exigido en transmisión televisada que a Afiuni se le impusieran 30 años de prisión.

El representante del Foro Penal Venezolano informó a los asistentes a la audiencia que la juez Afiuni se encuentra bajo régimen de casa por cárcel, pero antes de eso estuvo un par de años en prisión. Fue justamente durante ese lapso cuando Afiuni fue objeto de torturas y violaciones. Henríquez indicó que lo hecho a María Lourdes Afiuni tenía el objetivo de escarmentar por anticipado a los jueces que pretendieran tener independencia de criterios a la hora de emitir fallos en casos donde el gobierno tuviera especial interés.

Acotó que el Comité Internacional de Juristas había publicado el 13 de septiembre un informe donde evidenciaba que el TSJ buscaba dar apariencia de legitimidad a las acciones más arbitrarias del Ejecutivo. Esto convertía al poder judicial en un apéndice del poder ejecutivo.

Asimismo, se refirió a la llamada unión cívico-militar y cómo se ha traducido en la actuación de colectivos armados contra manifestantes. Habló de las numerosas detenciones ocurridas durante las protestas de abril a julio y cómo muchos de los detenidos fueron torturados y abusados sexualmente.

Detalló, además, que las torturas tenían como meta castigar, obtener alguna confesión o bien intimidar a los detenidos. Entre los métodos enumerados por el representante de Foro Penal Venezolano están golpes con instrumentos varios, asfixia, descargas eléctricas, colgar a los detenidos por las manos y golpearlos mientras cuelgan, exposiciones a gases o polvillos lacrimógenos y contacto con excrementos.

Julio Henríquez señaló en su intervención que estas torturas se aplicaban de manera masiva y advirtió que había indicios de que, de paso, obedecían a un patrón ordenado desde el gobierno.

Tamara Suju | Foto OEA

Tamara Suju, en su turno, se refirió también a patrones encontrados en las torturas aplicadas y habló de los centros de reclusión especialmente dispuestos para torturas a los detenidos. Entre esos centros, Suju mencionó a las dos sedes del Sebin en Caracas: el Helicoide y “la tumba”, en Plaza Venezuela.

Relató, además, testimonios de víctimas de esas torturas y lo que les hacían: “100% de las víctimas fueron torturados psicológicamente. 65% recibieron amenazas de muerte, de desaparecerlos o cortarlos en pedazos, de hacerles daño a los familiares. Algunos han sido obligados a cantar o gritar consignas progobierno. Les gritan ‘guarimberos’, ‘escuálidos’, ‘burgueses’. Algunos fueron amenazados con sembrarlos, que es matarlos. Muchos de ellos fueron intimidados para que no denunciaran lo que les estaban haciendo, diciéndoles que sabían cómo se llamaban, dónde vivían, quiénes eran sus familias”.

“Algunos fueron arrodillados y los pusieron a rezar, y luego les pegaban y los ponían a rezar. Hay víctimas que las pusieron a contemplar cómo torturaban a los demás compañeros que habían sido detenidos con ellos. Hay padres que han sido puestos a ver cómo torturan a los hijos, e hijos ver cómo torturan a sus padres”.

La intervención de Tamara Suju fue un compendio de las más espeluznantes torturas aplicadas en los últimos tres años. Destacó que, sobre todo en los últimos meses, había habido casos de torturas y golpizas donde había una clara intención de dejar marcada a la víctima de manera permanente. “Por eso, los golpes directos a la cara, incluso con puños de los funcionarios en los ojos, en la boca y golpes reiterados en otras partes del cuerpo”, detalló.

Asimismo, especificó que 192 personas (66% de las víctimas de torturas que testificaron) denunciaron haber sido sometidas a abusos sexuales. “140 personas fueron amenazadas de violación. 77 fueron desnudadas. 52 fueron sometidas a actos lascivos violentos, incluso por varios funcionarios al mismo tiempo. 7 víctimas denunciaron que trataron de violarlas con tubos y armas, y pudieron evitarlo, y 5 personas (4 hombres y una mujer) denunciaron que fueron violadas”.

Se refirió, por otro lado, al caso de una víctima a la que se le introdujo un tubo de metal en el recto. Otra persona fue violada con el cañón del arma de reglamento de un funcionario. “Algunas víctimas nos han denunciado que son semidesnudadas para, posteriormente, obligarlas a ponerse en posiciones incómodas para que se les vean los genitales, por ejemplo en cuatro patas como si fueran cuadrúpedos”.

“55% de las víctimas (159 personas) fueron expuestas a posiciones inhumanas por horas. La mayoría, torturados mientras permanecían en esta posición, como por ejemplo arrodillados frente a una pared, atados de manos y pies o en cuclillas para brincarles encima, golpearlos fuertemente o pegarles en la cabeza contra la pared”.

“A algunos les esposaban las manos con los pies y, además, los pegaban contra una pared, y los mantenían en esa posición por horas”.

“143 personas fueron torturadas con gases tóxicos (…). Extraen el polvo tóxico de las bombas lacrimógenas para aplicarlo directamente en el rostro de la víctima, cubriéndola luego con bolsas plásticas para que el efecto sea aún peor. Otras fueron encerradas en lugares muy pequeños, como tanquetas, cuartos o celdas, para luego someterlas a esos gases, ocasionando desmayos y graves secuelas en las vías respiratorias”.

“10 víctimas denunciaron que los funcionarios les abrían los ojos y les echaban el polvo dentro de los ojos. Por lo menos 15 víctimas denunciaron que les echaban el polvo en la nariz para obligarlos a abrir la boca para respirar y que luego los hicieron comer excrementos”.

“Por lo menos 10 jóvenes denunciaron que les lanzaron bombas lacrimógenas dentro de la tanqueta donde los tenían detenidos y les cerraron la puerta, y muchos de ellos se asfixiaron y desmayaron. Otra víctima denunció cómo, mientras a él y a un grupo de detenidos los tenían esposados de manos y pies, arrodillados y con la cara tapada, les tiraban bombas lacrimógenas casi rozándolos, privándolos de cualquier movimiento que pudieran hacer para protegerse”.

Francisco Márquez | Foto OEA

Francisco Márquez, además de director ejecutivo de Visión Democrática, se identificó como ex preso político y contó varias de sus experiencias mientras estuvo en cautiverio. “Me hicieron gritar las consignas de ‘Chávez vive, la lucha sigue’, ‘Orden militar’. Te desnudaban y tomaban videos. Todo para intentar humillarte y quebrarte el ánimo”.

Márquez contó que además tuvo que presenciar dos sesiones de tortura. “Una que duró 30 minutos, donde un pobre ser humano estaba amarrado a una reja, esposado, donde seis personas de manera reiterada le cayeron a golpes y no paraba de gritar. Gritó por 30 minutos y confieso que peor que ver una tortura es escucharla. Y les puedo asegurar, hay muchísimos casos en el Sebin y en otras cárceles donde muchos de los presos políticos no solo son torturados sino también escuchan distintas violaciones y torturas”.

Casi al final de su intervención, Francisco Márquez contó que a través de un emisario se le había mandado decir que se callara, pues sus denuncias hacían daño a otros presos políticos. Incluso dijo que, mientras estaba preso, a su señora madre el director de la cárcel la conminaba a no hablar “porque su hijo va a salir afectado”.

Johanna Aguirre | Foto OEA

Johanna Aguirre tomó la palabra y explicó que su esposo bajó a grabar la represión ejercida por los cuerpos de seguridad del Estado en la zona donde vivía —La Candelaria— cuando varios uniformados se percataron de lo que estaba haciendo y lo persiguieron.

En su carrera, José Alejandro Márquez tropezó y cayó. Levantó las manos para mostrar a los funcionarios que no estaba armado y solamente tenía su celular pero pese a ese gesto sus perseguidores se lo llevaron a rastras. Horas después fue localizado por su esposa y una amiga, en el hospital Vargas, amarrado a una camilla, fuertemente golpeado y vestido únicamente con sus medias y calzoncillos.

Aguirre explicó que en el hospital Vargas no se le dispensó a su esposo la atención debida, por causas que ella desconoce. De allí sacaron a José Alejandro Márquez y lo trasladaron a otro centro asistencial donde de inmediato fue atendido pero murió a las pocas horas. Según la autopsia que se le practicó, falleció por traumatismo cráneo-encefálico severo provocado por un objeto contundente.

Aún no había sido enterrado cuando su esposa se enteró de que el entonces presidente de la AN, Diosdado Cabello, había dicho en televisión que José Alejandro Márquez era un sicario y había sido contratado para atentar contra el presidente Nicolás Maduro.

En la audiencia de la OEA, Johanna Aguirre pidió justicia y que el nombre de su esposo sea limpiado definitivamente.

2) El 14 de septiembre, el gobierno de Panamá emitió un comunicado oficial para informar que se le concedió asilo político a uno de los magistrados del TSJ que la AN juramentó. Se trata de Milton Ramón Ladera Jiménez, quien había pedido el asilo político a Panamá “a fin de garantizar su libertad y garantías personales debido al grave peligro que corre en su país”.

3) El 14 de septiembre, en una entrevista concedida al portal web Infobae, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner reconoció (a regañadientes) que en Venezuela hay presos políticos y el estado de Derecho está cuestionado. Eso lo dijo mientras no dejaba de hacer énfasis en que, desde su punto de vista, la democracia estaba en emergencia en toda América Latina, sobre todo en Brasil y Argentina.

VIDEO: Expresidenta @CFKArgentina asegura que en Venezuela sí hay presos políticos y un cuestionado Estado de Derecho. pic.twitter.com/YdpiICPLQl

— Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 14 de septiembre de 2017

4) David Smolansky informó el 14 de septiembre vía Twitter que se encontraba en Brasil y agradeció al canciller de ese país, Aloysio Nunes, por haberlo recibido en Itamaraty.

Agradecido con el canciller @Aloysio_Nunes quien facilitó mi entrada a Brasil y me recibió en Itamaraty desde donde comienzo mi exilio. pic.twitter.com/VHBeSGQmfc

— David Smolansky (@dsmolansky) 14 de septiembre de 2017

Estuve clandestino 35 días. Recorrí más de mil KM en Venezuela en ese tiempo hasta llegar a Brasil. Obrigado, canciller @Aloysio_Nunes pic.twitter.com/rIngqKuC9q

— David Smolansky (@dsmolansky) 14 de septiembre de 2017

5) Otro niño internado en el hospital J.M. de los Ríos murió tras haber sido contaminado con una bacteria. La ONG Prepara Familia informó de esto a través de Twitter, a partir de las 12:58 pm del 14 de septiembre:

Ayer en la tarde falleció Cristhian Malave de 11 años paciente de nefro quien estuvo contaminado con las bacterias en el hospital J.M

— Prepara Familia (@preparaflia) 14 de septiembre de 2017

Cristian falleció en la unidad Juan Pablo II, su familia no quería que se dializara más en el JM, pero ya la bacteria había hecho su trabajo

— Prepara Familia (@preparaflia) 14 de septiembre de 2017

Cristhian ingreso el 31-03 a nefrologia del Hospital J.M de Los Rios y se contamino con Klebsiella y luego con pseudomona.

— Prepara Familia (@preparaflia) 14 de septiembre de 2017

6) El jueves 14 de septiembre, terminada la ronda de conversaciones exploratorias entre oposición y gobierno en República Dominicana, se acordó sumar a cuatro países latinoamericanos a las conversaciones.

El presidente dominicano, Danilo Medina, informó que esos países serán Chile, México, Nicaragua y Bolivia. Los dos primeros fueron propuestos por la delegación opositora. El gobierno propuso los nombres de los últimos dos, de acuerdo con información suministrada por Reuters.

7) La segunda audiencia en la OEA para determinar si el régimen de Maduro cometió crímenes de lesa humanidad contó con tres militares retirados como testigos. El primero fue el capitán de la FANB (R) y abogado Igor Eduardo Nieto Buitrago.

Igor Eduardo Nieto Buitrago | Foto OEA

Nieto Buitrago contó que, entre otras labores, se desempeñó como consultor jurídico de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM). También trabajó en el Comando Unificado de la FANB (Cufan), entre 2003 y 2005.

Mientras estuvo en el Cufan, Igor Nieto fue testigo de reuniones entre el jefe del Cufan y los rectores del CNE a fin de impartir directrices para que el Plan República (denominación de los operativos militares para resguardar las elecciones) manipulara los horarios de apertura y cierre de los centros de votación. Esto, a fin de favorecer los centros con mayoría de votantes oficialistas y limitar el derecho al voto en los centros situados en zonas abiertamente opositoras al gobierno de Hugo Chávez.

El excapitán contó que esas reuniones se celebraban entre el jefe del Cufan y los entonces presidentes del CNE, Francisco Carrasquero y Jorge Rodríguez. El ver la manipulación que se fraguaba en esas reuniones le provocaba molestias e incomodidades a Nieto Buitrago, y así se las manifestaba a su superior inmediato. Por manifestar esas inconformidades, el testigo fue transferido a Cavim, a fines de 2005.

En Cavim, sin embargo, también fue testigo de irregularidades. Una fue cómo desde la presidencia de la República se ordenó a Cavim trasladar vehículos de combate tipo Tiuna —y armas y municiones— a Bolivia. Otra, que Cavim fungiera de intermediario entre Irán y Uruguay, para que se le vendieran municiones al país del Cono Sur.

El entonces presidente de Cavim solicitó se le giraran por escrito esas órdenes, en vista de que violaban pactos y tratados internacionales, por no hablar de la Constitución. El ministro de la Defensa de esa época era Gustavo Rangel Briceño, quien le comunicó a Hugo Chávez el pedido del presidente de Cavim. Chávez ordenó entonces que se nombrara presidente de Cavim al general Aref Eduardo Richany Jiménez, a la sazón director de armamento y explosivos de la FANB.

A principios de 2009 se le abrió una investigación a Igor Nieto Buitrago y otros altos funcionarios de Cavim. Esa investigación —abierta “con la finalidad de mantenernos alejados de medios de comunicación, mantenernos alejados de cualquier tipo de vinculación a los grupos opositores al gobierno venezolano”— estaba vinculada a la fabricación de la “pistola zamorana”, con licencia de fabricación checa.

En esa investigación, al excapitán se le acusó de ser “cooperador de sustracción de efectos pertenecientes a la FANB”. Hasta la fecha, ese expediente permanece sin sentencia.

Nieto Buitrago aprovechó para explicar que el presidente de la corte marcial mantenía “control absoluto” y “de facto” sobre todos los tribunales militares venezolanos, a pesar de que cada juez militar debería tener autonomía a la tomar de tomar decisiones. Dijo que había estado lidiando con la justicia militar venezolana durante siete años y en ese lapso, cree haber visto cómo se violaron derechos fundamentales más de 50 veces. Entre esos derechos, el testigo enumeró el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de la inocencia.

Después de la audiencia preliminar por el expediente de las pistolas zamorana, Igor Nieto Buitrago narró un encuentro casual que tuvo con el juez de control que llevaba ese caso. Ese encuentro, que tuvo lugar en el estacionamiento de la Corte Marcial, fue desagradable, según dijo el testigo. Él le preguntó al juez por qué no había sobreseído ese caso si el fiscal había actuado con negligencia y no aportó pruebas en contra. También le preguntó por qué desestimó las pruebas que libraban de cualquier culpa tanto a Nieto Buitrago como a otros cuatro oficiales incriminados. La respuesta del juez fue: “Estamos cumpliendo una orden del ministro de Defensa”.

Detalló que en la justicia militar actual es el ministro de la Defensa quien decide a quién se juzga y a quién no, a quién se investiga y a quién no, y a quién se sentencia y a quién no. Al escuchar la respuesta del juez, Nieto Buitrago le repreguntó si tenía familia. Por toda respuesta, el juez le contestó que, como militar, tenía que cuidar su permanencia en la FANB.

En su testimonio, Igor Nieto Buitrago también explicó que la fiscalía general militar lleva la tutela de la acción penal. Y el fiscal general militar, junto con sus fiscales, responde directamente a instrucciones impartidas por el ministro de la Defensa. No al Ministerio Público, como lo dictan las leyes venezolanas. Y el órgano investigador es la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), “que depende directamente del presidente de la República”.

Aparte de eso, el testigo explicó que la defensoría pública militar depende directamente del ministerio de la Defensa. Todo ello configura un círculo vicioso donde se da cumplimiento a órdenes superiores.

El excapitán Igor Nieto Buitrago explicó, por otro lado, que tomó la determinación —en marzo de 2015— de salir del país con rumbo a EE UU después de haber sido blanco de un atentado armado mientras estaba en su casa viendo un partido de futbol. Aunque denunció lo ocurrido ante el Cicpc y otros cuerpos de seguridad, no se abrió investigación alguna ni se le informó si se estaba haciendo algo al respecto.

El testigo aprovechó, además, para informar ante la audiencia cómo el presidente Maduro ordenó pasar a la justicia militar los casos civiles abiertos durante las protestas entre abril y julio, sobre todo después de que Luisa Ortega Díaz denunció en marzo que el gobierno cometía violaciones de derechos humanos. Incluso explicó que por esos mismos días un allegado suyo fue detenido junto con otras tres personas, pasado a la justicia militar y sometido a vejámenes y torturas durante tres días consecutivos antes de ser presentado en su primera audiencia, de la que salió con régimen de presentación.

También hizo mención de casos de militares y civiles imputados que logran salir de Venezuela y entonces el Sebin procede a intimidar a los familiares de esos exiliados. De hecho, a él mismo le pasó: al salir de Venezuela, el Sebin visitó cinco veces a su hermano, además de vigilarlo en su residencia. “Hoy día, yo no tengo a ninguno de mis hermanos en Venezuela, todos tuvimos que salir”, apuntó el excapitán.

Advirtió que la justicia militar venezolana utiliza dos delitos muy genéricos para juzgar civiles: Traición a la patria y ataque al centinela. “El 95% de los casos de civiles que están siendo juzgados en este momento en tribunales militares están siendo imputados por esos dos delitos, para poderlos atraer al fuero especial de la justicia militar”.

José Gustavo Arocha Pérez | Foto OEA

El siguiente testigo fue el teniente coronel (R) José Gustavo Arocha Pérez. En 2002, siendo comandante de la compañía de curso militar en la Academia Militar, comenzó a darse cuenta de la creciente politización de la FANB y por ello pidió la baja. Se la negaron con el argumento de que no se podía dejar caer a la FANB “en manos de personas totalmente politizadas y con ideologías contrarias a lo que establece la Constitución”.

Se quedó en la FANB, pese a que esa politización continuó, lo mismo que la intervención de “personal extranjero” dentro de la Fuerza Armada. En 2007 ayudó a establecer reuniones entre algunos miembros del movimiento estudiantil —entre ellos Yon Goicoecha, dijo— y la FANB “para evitar así diferentes confrontaciones”.

Tras la derrota que supuso para Hugo Chávez el rechazo a su propuesta de reforma constitucional, “ya yo sabía que mi carrera estaba terminada”. A partir de esas elecciones, el exteniente coronel comenzó a ser objeto de diversas investigaciones militares: una por insubordinación en 2002 (“el expediente era de una sola hoja”), otra de carácter administrativo por un cargo que había ejercido hasta cuatro años antes de la consulta sobre la reforma constitucional y otra por unos pagos que le achacaron, sin tener que ver en ellos.

Advirtió que el objetivo de esas investigaciones era reducir su poder de mando y mantenerlo siempre al borde de un posible encarcelamiento. Por ello, solicitó nuevamente la baja en 2009 y fundar una empresa de tecnología con la que prestó servicios en campañas electorales dentro y fuera de Venezuela.

El 2 de mayo de 2014, dijo el militar retirado, recibió una llamada en la que le informaron de la presencia del Sebin en sus oficinas. Optó por regresar a su trabajo para evitar que nadie de su equipo de trabajo fuera detenido, solo para observar cómo los funcionarios allanaban sus instalaciones y “sembraban” falsas evidencias.

Arocha Pérez dijo que los funcionarios del Sebin lo invitaron a él y a un ingeniero que trabajaba con él a una entrevista en la sede de la policía política. Solo que esa invitación fue hecha “con unas pistolas en la nuca”, acotó. Y esa entrevista no fue tal, sino que el exmilitar terminó preso y allí conoció al diputado Rosmit Mantilla. Arocha Pérez explicó que el gobierno lo acusaría de financiar terrorismo opositor y darle dinero a Mantilla con ese fin.

El exteniente coronel fue trasladado de su primer sitio de reclusión a otro ubicado “cinco pisos bajo la tierra”. Añadió: “Cuando yo entré a ese lugar, lo que yo recuerdo es al guardia diciendo ‘Ha entrado un muerto a la tumba”. Dijo sentir cómo se le helaba la sangre al escuchar ese comentario.

En ese sitio, detalló, las temperaturas eran “casi extremas” y allí lo desnudaron durante un tiempo. Las celdas eran pequeñas y estaban pintadas completamente de blanco. Tenían iluminación artificial las 24 horas del día y carecían de ventanas. Arocha Pérez contó que, al quedarse sin reloj, no tenía noción del tiempo y su única guía era el paso de los trenes del Metro de Caracas. “Lo único que yo escuchaba era el paso del tren, que cuando se detenía yo imaginaba que era porque se terminaba el día”, indicó.

En su primer sitio de reclusión, Arocha Pérez dijo que no fue interrogado. Pero en la tumba sí fue interrogado por funcionarios de la GNB y, en ocasiones, por el general Gustavo González López, jefe del Sebin. “Ellos estaban totalmente obsesionados con las figuras de Antonio Ledezma, Pedro Mario Burelli y María Corina Machado”, explicó el testigo. Añadió que en ese entonces Luisa Ortega Díaz investigaba a esos tres personajes de oposición y en el Sebin esperaban que él colaborara con datos que fueran de utilidad a esa investigación. Esto, porque Arocha conocía a los tres.

Comentó que la juez de su caso le había dicho que esperaba instrucciones del director del Sebin. “Estoy esperando que me informen qué vamos a hacer contigo”, le decía esa juez, según contó. Agregó que el mismo fiscal de su caso llegó a pedirle disculpas pues sabía que no había nada que se le pudiera imputar “pero estaba cumpliendo instrucciones de Luisa Ortega Díaz”.

Una de las cosas que se le pedía a Arocha Pérez era que firmara una declaración donde se comprometía a colaborar con el gobierno a fin de enlodar a dirigentes opositores. Él aceptó firmar esa declaración solamente “porque ya estaba elaborado un plan para que yo escapara”. Dijo que le comunicó al director del Sebin que firmaría dicha declaración a cambio de salir de la tumba y que liberaran al ingeniero que había sido detenido junto con él. Preguntó qué garantías habría de esa liberación. Gustavo González López le dijo que lo garantizaba el mismo presidente de la República.

Hebert García Plaza | Foto OEA

El tercer y último testigo de esa jornada fue el mayor general (R) Hebert García Plaza, quien especificó inicialmente que había sido viceministro de Defensa y ministro para la Alimentación. Dijo haber renunciado a este último cargo porque se había iniciado un plan para la distribución de alimentos “por parroquias políticamente priorizadas (…). Significa la necesidad de distribuir los alimentos subsidiados más por una necesidad económica (…), sino por una necesidad política”.

Hebert García Plaza explicó que una parroquia estaba “políticamente priorizada” en función de dos indicadores: “Primero, la población electoral y, segundo, el grado de simpatía o de adhesión que tiene al proceso ideológico que lidera el gobierno”.

En las parroquias no priorizadas “los inventarios se veían mermados”. Es decir, en sitios donde había Mercal pero no eran políticamente priorizados, se enviaban inventarios para atender a 10 familias aunque el espacio físico permitiera recibir alimentos para 100 familias, por poner una cifra.

Según García Plaza, la distribución de alimentos debía ser prioritaria para las zonas habitadas por familias en extrema pobreza, según clasificación del Instituto Nacional de Estadística. Pero fue el propio presidente Nicolás Maduro quien pidió que los alimentos no se distribuyeran con ese criterio sino con el de las “parroquias políticamente priorizadas”.

Señaló, además, que había decidido irse del país cuando tres ministros —Vladimir Padrino López, José David Cabello y Ciusseppe Yoffreda— le advirtieron que Nicolás Maduro tenía intención de abrir actuaciones jurídicas en su contra. Por ello, en enero de 2016 se fue del país.

Por otro lado, Hebert García Plaza dijo que el presidente del TSJ, Maikel Moreno, era amigo personal de Cilia Flores, por lo que “seguramente” la primera dama tenía fuertes influencias sobre el poder judicial. “Yo (…) creo imposible que desde el TSJ salga una sentencia que no sea revisada por Elvis Amoroso, que es el asistente jurídico del presidente, y la señora Cilia Flores”.

Asimismo, García Plaza aseguró en la audiencia de la OEA que el llamado Plan Zamora, firmado por el presidente Nicolás Maduro el 18 de abril de 2017, fue activado “por cuestiones netamente políticas” y permitía el uso de armas de fuego para controlar manifestaciones de calle. Indicó que la aplicación del plan Zamora “convierte el territorio nacional en un teatro de operaciones militares” lo que, a su vez, “da la posibilidad jurídica de la aplicación de la justicia militar”.

8) Un cable de Reuters del 15 de septiembre trajo la noticia de que el gobierno venezolano empezó a reportar el precio de su petróleo no en dólares sino en yuanes chinos: “Por décadas la nación sudamericana ha reportado semanalmente en dólares el precio promedio de su cesta de crudos y productos. Pero el viernes el Ministerio de Petróleo presentó el valor en yuanes y proporcionó un tipo de cambio de referencia para hacer la conversión a dólares”.

“Esta modalidad obedece al anuncio realizado el pasado 7 de septiembre por el presidente (...) quien informó que Venezuela implementaría nuevas estrategias, con el objetivo de librar a la Nación de la opresión del dólar’, dijo el ministerio”.

“No aclaró si las ventas de crudo siguen cobrándose en dólares o si hay planes para cambiar ese esquema”.

Lista actualizada de muertos:

1) Carrizal, Johan Ortiz (19 años de edad), un tiro en el pecho.

2) Valencia, Daniel Queliz (20 años), un tiro en el cuello.

3) Barquisimeto, Miguel Ángel Colmenares (36 años), 11 tiros.

4) Barquisimeto, Brayan David Principal Jiménez (14 años), un tiro en el abdomen.

5) Barquisimeto, Gruseny Antonio Calderón (32 años), descarga de perdigones en el abdomen a menos de medio metro de distancia.

6) Caracas, Carlos José Moreno (17 años), un tiro en la nuca.

7) San Cristóbal, Paola Ramírez (23 años), un tiro en la cabeza.

8) San Antonio de los Altos, Neomar José Barrios Clemente. El Defensor del Pueblo asegura que un francotirador lo asesinó.

9) Caracas, Mervins Fernando Guittian Díaz (26 años), un tiro en el abdomen.

10) El Valle, Jairo Ramírez (45 años), electrocutado.

11) El Valle, William Marrero (33 años), electrocutado.

12) El Valle, Robert Centeno (29 años), electrocutado.

13) El Valle, Jonathan Meneses (27 años), electrocutado.

14) El Valle, Elio Pacheco (20 años), electrocutado.

15) El Valle, Estiverson Zamora (29 años), electrocutado.

16) El Valle, Kevin León (30 años), un tiro.

17) El Valle, Francisco González (34 años), un tiro.

18) El Valle, Ramón Martínez (29 años), un tiro.

19) El Valle, Yorgéiber Barrena Bolívar (15 años), electrocutado.

20) El Valle, Albert Rodríguez Aponte (16 años), asfixia por inhalación de gases lacrimógenos.

21) La Candelaria, Almelina Carrillo (47 años), impacto de botella con agua congelada en la cabeza.

22) Mérida, Jesús Sulbarán (42 años), un tiro en el cuello.

23) Barinas, Renzo Rodríguez (54 años), un tiro en el pecho.

24) El Tocuyo, Orlando Medina Águila (23 años), un tiro en la cabeza.

25) Mérida, Luis Alberto Márquez (52 años), un tiro en la cabeza.

26) Valencia, Christian Ochoa (22 años), un tiro (o dos, no confirmado) en el abdomen. Murió en la noche del martes 25 de abril.

27) Caracas, Juan Pablo Pernalete Llovera (20 años), impacto de bomba lacrimógena en el pecho.

28) El Valle, Kenyer Aranguren (20 años), electrocutado.

29) Barquisimeto, Eyker Rojas (20 años), un tiro de fusil en el pómulo izquierdo.

30) Valencia, Yonathan Quintero (21 años), un tiro.

31) Caracas, Carlos Eduardo Aranguren (30 años), dos tiros en el abdomen.

32) Caracas, Ángel Enrique Moreira (28 años), arrollado.

33) Valencia, María de los Ángeles Guanipa (26 años), choque contra una barricada.

34) Valencia, Ana Victoria Colmenárez (43 años), choque contra una barricada.

35) Caracas, Armando Cañizales (18 años), metra de plomo en el cuello.

36) San Joaquín, Gerardo Barrera (38 años), un tiro en la ingle.

37) San Diego, Hecder Lugo (20 años), metra a la cabeza, a quemarropa.

38) Mérida, Anderson Dugarte (32 años), un tiro a la cabeza.

39) Caracas, Miguel Castillo (27 años), metra de plomo en el pecho.

40) Palmira, Luis Alviárez (18 años), un tiro en el tórax.

41) Capacho, Diego Hernández (33 años), un tiro en el tórax.

42) Ciudad Bolivia, Natanael Mora Castillo (17 años), impacto de metra a la cabeza, disparado a quemarropa.

43) San Antonio de los Altos, Diego Arellano (31 años), un tiro en el pecho.

44) Sabaneta (Táchira), José Francisco Guerrero (15 años), un tiro en el abdomen.

45) Tucapé, Manuel Felipe Castellanos (46 años), un tiro en el cuello.

46) Maracaibo, Paul René Moreno (23 años), arrollado.

47) Santa Ana, Daniel Rodríguez (17 años), un tiro en la cabeza.

48) Valencia, Héctor Escandón (31 años), un tiro en la cabeza.

49) Valera, Alejandro Aguilar, un tiro en el pecho.

50) Barinas, Yorman Bervecia (19 años), un tiro en el pecho.

51) Barinas, Elvis Adonis Montilla Pérez (17 años), un tiro en el pecho.

52) Barinas, Alfredo Carrizales, un tiro en el costado.

53) Socopó, Miguel Bravo (25 años), un tiro en el pecho.

54) Barinas, Freiber Pérez (21 años), un tiro en la espalda.

55) Barinas, Juan Antonio Sánchez (21 años), dos tiros en el pecho.

56) Barinas, Erick Antonio Molina Contreras (35 años), múltiples disparos.

57) Ciudad Bolívar, Augusto Puga (22 años), un tiro en la cabeza.

58) Maracaibo, Adrián Duque (24 años), tres tiros en el pecho.

59) Cabudare, Manuel Sosa (33 años), un tiro en el pecho.

60) Cabudare, Danny José Subero (34 años), linchado y abaleado.

61) Lechería, César Pereira (20 años), metra en el abdomen.

62) El Paraíso, Nelson Moncada, múltiples disparos.

63) Barquisimeto, María Estefanía Rodríguez (46 años), un tiro en el pecho.

64) Tovar, Luis Gutiérrez (20 años), un tiro en el pecho.

65) Barquisimeto, Yoiner Peña, (28 años), un tiro en el costado.

66) Altamira, Orlando Figuera, (22 años), linchado y quemado vivo. Murió por paro cardiorrespiratorio.

67) Ejido, Edwar José Paredes, (25 años), un tiro en el pecho.

68) Av. Libertador (Caracas), Neomar Lander (17 años), herida en el pecho causada por bomba lacrimógena o mortero. Los resultados de su autopsia no fueron anunciados por el Ministerio Público sino por el defensor del pueblo, funcionario sin esa clase de atribuciones.

69) La Guaira, Sócrates Jesús Salgado (49 años), paro respiratorio por inhalación de gas lacrimógeno.

70) Mérida, Douglas Acevedo Sánchez Lamus (41 años), un tiro en el cuello.

71) Caracas, José Lorenzo (50 años), colisión frontal.

72) Caracas, Luis Machado (27 años), colisión frontal.

73) Maracaibo, Luis Enrique Vera Sulbarán (20 años), arrollamiento.

74) Rubio, José Gregorio Pérez (21 años), un tiro en el rostro.

75) Barquisimeto, Nelson Daniel Arévalo Avendaño (22 años), un tiro en el cuello.

76) Altamira, Fabián Urbina (17 años), un tiro en el pecho.

77) La Carlota, David Vallenilla (22 años), tres tiros a quemarropa al pecho.

78) Puente 5 de julio, Jonathan Zavatti (25 años), un tiro en la cabeza.

79) Barcelona, Isael Macadán (18 años), un tiro en la cabeza y un tiro en el brazo.

80) Barquisimeto, Roberto Durán (26 años), un tiro en el pecho.

81) Cumaná, Víctor Betancourt (18 años de edad), arrollado,

82) Maracaibo, Luis Paz (20 años), arrollado.

83) Maracay, Alfredo Figuera (19 años), un tiro en la cabeza.

84) Mérida, Eduardo Márquez (20 años), un tiro en el abdomen.

85) Barquisimeto, Rubén Morillo (28 años), un tiro en el pecho.

86) Barquisimeto, Fernando Rojas (50 años), un tiro en el abdomen.

87) Barquisimeto, Ramsés Martínez (20 años), un tiro en la cabeza.

88) Barquisimeto, José Gregorio Mendoza Durán (44 años), un tiro.

89) Táriba, Engelbert Duque (25 años), impacto de proyectil en el tórax.

90) Valencia, Rubén González Giménez (16 años), un tiro.

91) Ciudad Bolívar, Oswaldo Britt (17 años), arrollado.

92) El Tocuyo, Janeth Angulo Parra (55 años), impacto de proyectil no identificado en la cabeza.

93) Catia, Xiomara Scott (61 años), un tiro en el abdomen.

94) Lechería, Héctor Anuel, impacto de mortero y quemaduras.

95) Los Teques, Ronney Tejera (24 años), un tiro.

96) Valencia, Andrés Uzcátegui (23 años), un tiro en el pecho.

97) Los Teques, Eury Hurtado (34 años), cuatro tiros.

98) Maracay, Juan Moleiro (76 años), infarto por inhalación de gases.

99) Maracaibo, Víctor Márquez (34 años), suicidio.

100) Maracaibo (Identidad No Revelada, 15 años), un tiro en el costado izquierdo.

101) Ejido, Rafael Vergara (30 años), descarga de perdigones a quemarropa en el abdomen.

102) Timotes, Enderson Caldera (24 años), un tiro.

103) Petare, Jean Carlos Aponte (16 años), un tiro.

104) El Paraíso, Gilinber Terán Tainoba Villalobos (16 años), un tiro en la cabeza.

105) Naguanagua, Leonardo González (48 años), 11 tiros.

106) Cabudare, José Miguel Pestano (23 años), impacto de proyectil en el tórax.

107) Píritu, Rafael Canache, (28 años), un tiro.

108) Ejido, Oneibis Quiñones (30 años), un tiro en la cabeza.

109) El Junco (Táchira), Eduardo Rodríguez (53 años), un tiro en la ingle.

110) San Cristóbal, Gustavo Leal Villasmil (18 años), un tiro en la cabeza.

111) Chiguará (Mérida), Marcel Pereira, un tiro.

112) Chiguará (Mérida), Iraldo José Gutiérrez, un tiro.

113) Cumaná, Ricardo Campos.

114) Punta Iguana (Zulia), Heiber Campos (19 años), enfrentamiento.

115) San Jacinto (Mérida), Eduardo Ramón Olave (40 años).

116) San Jacinto (Mérida), Ángelo Yordano Méndez (30 años).

117) Barquisimeto, Luis Beltrán Zambrano (43 años), un tiro en la cabeza.

118) Aguada Grande, Juan Gómez (32 años), un tiro.

119) Tucapé, Luis Ortiz (17 años), un tiro.

120) Tucapé, Albert Rosales (53 años), un tiro.

121) La Grita, Wilmer Smith Flores (19 años), un tiro en la cabeza.

122) La Grita, Ronald Ramírez Rosales (Sgto. 2º GNB, edad no determinada), un tiro en el ojo izquierdo.

123) Capacho Viejo, Adrián Rodríguez (13 años), un tiro.

124) San Cristóbal, Ender Peña (19 años), un tiro en la ingle.

125) Maracaibo, Miguel Urdaneta (25 años), un tiro.

126) Naguanagua, Ramón Rivas (58 años), un tiro.

127) Naguanagua, Martín Saturno, un tiro en el abdomen.

128) Cabudare, Eduardo Orozco (19 años), un tiro en la cabeza.

129) Ciudad Bolívar, Wilmerys Zerpa (20 años), un tiro.

130) San Diego, Luis Guillermo Espinoza (16 años), un tiro en la cabeza.

La ONG Observatorio Venezolano de la Conflictividad maneja una cifra mayor de muertos. Idéntico caso ocurre con el portal Runrunes. Y, por si acaso, mis cifras no concuerdan con ninguna de esas dos fuentes. Lo que no quiere decir que lo publicado acá sea la verdad absoluta ni mucho menos.

Eso es todo por ahora (creo). Un abrazo; cuídense.